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Reforma laboral en cuotas: nuevo ataque hacia los trabajadores
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A fines del año pasado se conoció la intención, nada sorprendente, por cierto, de Macri y su Ministro de Desempleo, Jorge Triaca de impulsar un proyecto de Reforma Laboral. De la naturaleza misma de los intereses que defienden y el tipo de Estado que Macri y los suyos pretenden imponer se desprende quienes son los beneficiados y quienes no: entre los primeros están quienes se dedican al negocio de las finanzas, los bancos y grandes especuladores, empresas petroleras y mineras extranjeras, cadenas de supermercados oligopólicas, prestadoras de servicios públicos y exportadores de materias primas. Entre los segundos estamos la mayoría. El resultado del conflicto, tiene su correlato en la sanción o derogación, según el caso, de la legislación pertinente.

Esa Reforma no se pudo tratar: fue tal el rechazo por parte del movimiento obrero organizado que tuvieron que abandonar sus pretensiones. Hace pocas horas se conoció que el Poder Ejecutivo ha mandado a tratar en el Congreso de la Nación tres proyectos de ley que abarcan algunas partes del anterior proyecto, desmembrando el conjunto de derechos que los trabajadores a lo largo de la historia han logrado conquistar y defender.

El primero de los proyectos, bajo el pretexto de fomentar la registración laboral y combatir el empleo en “negro” propone extinguir la acción penal y condonar todo tipo de multas y sanciones hacia los empleadores que hayan tenido trabajadores en negro y los blanqueen a partir de la nueva legislación. Al mismo tiempo, se suprimen éstos del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y se eximen todas las deudas en concepto de capital e intereses en concepto de aportes y contribuciones a los Subsistemas de Seguridad Social.

Es decir: quien tiene a su cargo trabajadores en negro evadiendo el pago de aportes y contribuciones de ART, obra social, asignaciones, jubilación, etc, objeto de sanciones y multas, incluso penado penalmente, podría con esto registrar a sus trabajadores sin tener que afrontar ninguna de estas consecuencias. Perdería el trabajador en su relación laboral y perdería el Estado, ya que se niega a cobrar lo que los empleadores deben.

El proyecto incluye también la modificación del cálculo de indemnizaciones excluyendo de él “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”, es decir, se aceleran y abaratan los despidos. Según la legislación actual, las indemnizaciones se calculan tomando como referencia el sueldo más alto percibido por el trabajador al momento de ser despedido sumándole bonos, premios, SAC y todos los reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador.

En su lugar, se pretende constituir un fondo de cese laboral compuesto por un aporte mensual del empleador. Esto contribuye a facilitar los despidos: no sólo pagará menos en concepto de indemnización por despido, sino que además lo puede pagar en “cuotas” de modo que al despedir al trabajador no tiene que desembolsar ni un sólo peso.

El segundo proyecto legaliza el régimen de las pasantías profesionales o formativas. La norma que se pretende sancionar es la aceptación por parte del Estado de la explotación laboral a la que someten a miles de estudiantes. Bajo el nombre de “Sistema de Prácticas Formativas para los Estudiantes” se incluye a los graduados de la Educación superior, estudiantes de la Educación permanente de Jóvenes y Adultos, mayores de 18 años, en empresas o instituciones públicas o privadas.

En la norma se establece que dichas prácticas no podrán superar los doce meses de prestación ni las treinta horas semanales, más allá de lo establecido en los Convenios Colectivos de Trabajo. Sin embargo, aclara el proyecto de ley, que los “practicantes” recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo. Recordemos que los conceptos no remunerativos son todos aquellos que no se tienen en cuenta a la hora de pagar aportes y contribuciones. Es decir, lo que van a cobrar estos trabajadores no registrados como tal, no considera aguinaldo, indemnizaciones, vacaciones, etc. De este modo, las empresas pueden tener un año a un trabajador cumpliendo funciones durante treinta horas a la semana sin pagar ninguno de los conceptos que acabamos de mencionar.

Por último, se incluye en el paquete un proyecto que crea la AGNET, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud, que será un órgano autárquico encargado de definir cuáles son las prestaciones mínimas de las que deben hacerse cargo las obras sociales y prepagas. Lo curioso del caso es que este proyecto se presenta luego de que las prepagas reclamaran al gobierno por la cantidad de amparos presentados ante la justicia en los que los afiliados buscaban la protección en salud que las empresas no estaban dispuestas a prestar. De 1668 casos, sólo en once fallaron a favor de las empresas obligándolas a cumplir con las prestaciones en todas las demás. Este nuevo organismo, conducido por los mismos intereses que enunciábamos previamente tiene la potestad para eliminar de la cartilla muchas de las actuales prestaciones médicas obligatorias.

Este primero de mayo nos encuentra sin nada que festejar. Esperamos que estas reformas no se produzcan, y encontrarnos con hombres y mujeres legos en la construcción de helicópteros que se lleven las “reformas” y a sus autores.

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