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Sobre el impuesto a las ganancias y la injusticia tributaria en el país de Macri
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El Congreso de la Nación se encuentra en estos momentos debatiendo un tema caro para los trabajadores argentinos: el impuesto a las ganancias. La injusticia de la aplicación de este impuesto al salario de los trabajadores llevó a muchos argentinos a votar a Macri con la esperanza de que esto se terminara. Sin embargo, todo parece indicar que no será así.

Lo primero que tenemos que aclarar es que el salario no es ganancia. Según la teoría económica clásica (Adam Smith, David Ricardo) la tierra da renta, el capital produce ganancia y la fuerza de trabajo genera un salario como retribución por el esfuerzo. Sin embargo, en la ley de creación de este impuesto figura el salario como una “renta del trabajo personal” sometida al gravamen en la cuarta categoría que incluye también a los jubilados.

Por otro lado, la ley no contempla un mecanismo de actualización automática del mínimo no imponible por lo cual, como resultado de los aumentos salariales conseguidos en las paritarias de los últimos años, cada vez son más los trabajadores que pagan este impuesto. De esta manera, el impuesto a las ganancias se transformó en una de las principales fuentes de recaudación fiscal para el Estado Nacional junto con el IVA.

Esto profundiza el carácter regresivo del sistema tributario argentino, donde los que menos tienen son los que más pagan. Y con Macri esto tiende a empeorar.

Durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el director de la AFIP, Alberto Abad, argumentó, con los números en mano, en contra de la posibilidad de sustituir parte de lo recaudado en concepto de este impuesto por otras fuentes de recaudación como la renta financiera (plazos fijos de montos altos, operaciones de Lebacs, distribución de dividendos, fondos de inversión, etc.), juegos de azar u otros. Se calculó que el costo fiscal de esto sería de 62.000 millones de pesos y por lo tanto es inviable. Sin embargo, cuando el gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones no tuvo una conducta tan cuidadosa para con el fisco ni tampoco cuando hizo lo propio con las exportaciones mineras. Mucho menos cuando las empresas del presidente y sus ministros evaden impuestos vía off-shore.

El costo fiscal anual (2016) por la eliminación de las retenciones al agro y su disminución para la soja al 30% es de 60.000 millones de pesos, calculado por el Estudio Bein teniendo en cuenta un dólar a $15 y un aumento del 10% de las exportaciones de estos productos. En el caso de las mineras son 223 millones de dólares o 3300 millones de pesos. Con estos números nos aproximaríamos peligrosamente a cubrir de forma total el costo fiscal de elevar el mínimo no imponible a aproximadamente 45.000 pesos en caso de que se hubieran mantenido estos impuestos. Cabe destacar que son dos de los sectores más rentables de la economía argentina. La dureza en la discusión sobre el impuesto a las ganancias y la facilidad con que se eliminaron retenciones muestra a las claras las prioridades de este gobierno y los intereses sociales que representa.

Según un estudio publicado en 2009 por Gómez Sabaini y Rossignolo la carga tributaria en nuestro país es del 32%, esto quiere decir que si la imposición estuviera igualmente repartida entre todos los contribuyentes, cada uno aportaría el 32% de sus ingresos al fisco. Sin embargo, esta carga no está distribuida en forma pareja: algunos contribuyen más que el promedio y otros menos. El 20% de la población con mayores ingresos (que concentra un 57% de todos los recursos percibidos en nuestro país) aporta sólo un 5% más que el promedio, mientras que el 20% de la población con menores ingresos aportan un 12% más que el promedio. La conclusión cae de maduro: los más pobres destinan un porcentaje mayor de sus ingresos al financiamiento del Estado que los más ricos. Teniendo en cuenta que se eliminaron retenciones al agro y a la minería esta situación ha tendido a empeorar.Esto no le impide a Macri decir con una sonrisa que “yo gobierno para los más pobres” como declaró con cinismo en una entrevista televisiva.

A partir de una reforma impositiva de carácter progresivo, el Estado puede transformarse en un instrumento de redistribución de la renta nacional en forma más justa, recaudando de los que más tienen (renta financiera, juego, retenciones a las exportaciones, etc.) y utilizando esos recursos en beneficio de los que menos tienen. Obviamente esta medida no va a surgir de un gobierno compuesto por los CEOs de las empresas nacionales y extranjeras más grandes del país que vía off-shore han transferido al exterior más de 200.000 millones de dólares según los cálculos más benévolos y que ahora son premiados con el Blanqueo extendido recientemente a familiares de funcionarios por un decreto del Presidente. Su padre, Franco Macri, también sonríe. Afortunadamente a los argentinos, defraudados por otra promesa de campaña incumplida, se les agota la paciencia.

 

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