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¿Crecimiento democrático o politización de la justicia en Latinoamérica?
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Por TeleSUR.

Argentina y Brasil han liderado el proceso de politización de la justicia bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Latinoamérica vive actualmente un momento de movilizaciones sociales, inestabilidad, politización de la justicia, gobiernos con problemas de legitimidad y un proceso de reordenamiento de la derecha.
Ante el panorama antes descrito el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que la lucha contra la corrupción está llevando a “un crecimiento del sistema democrático. Esa es la esencia de lo que está pasando en el continente”. Opinión que difiere con los hechos políticos en la región.

América Latina cuenta actualmente con dos presidentes no electos por votación popular, un presidente debió renunciar al cargo por su vinculación en actos de corrupción, otro resultó electo en unos dudosos comicios.

Persecución y politización de la justicia

En entrevista para teleSUR, la periodista argentina Stella Calloni declaró que tanto en Argentina como en Brasil se está llevando adelante una persecución a líderes sociales (Cristina Fernández y Lula da Silva) con el objeto de impedir su llegada nuevamente al poder.

Calloni advirtió qur la politización de la justicia en Argentina y Brasil no puede verse como casos aislados sino que obedecen a un plan orquestado y dirigido desde Estados Unidos.

La periodista argentina explicó que detrás de la politización de la justicia se encuentra Estados Unidos (EE.UU.) que a través de los programas de cooperación con los gobiernos de la región en materia judicial logró captar jueces para usarlos de acuerdo a sus intereses.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el exvicepresidente del actual gobierno, Jorge Glas, también han denunciado ser víctimas de persecución al vincularlos con supuestos casos de corrupción durante su gestión.

La “colaboración” de EE.UU.

Las colaboraciones entre el Gobierno estadounidense y los poderes judiciales en América Latina han llevado a la judicialización de la política.

Casos como Lava Jato y Odebrecht, que llevaron a la destitución de la expresidenta  Rousseff por sospechas de corrupción nunca confirmadas, ahora se reproducen en toda la región y parecen implicar única o particularmente a los líderes de Gobiernos progresistas.

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Uno de los programas o colaboraciones es el Proyecto Puentes de 2009, el cual consistía en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos.

El curso consistía en el asesoramiento y entrenamiento para la aplicación de leyes y habilidades prácticas contra el terrorismo. A este asistieron jueces de los 26 estados brasileños, además de 50 policías de todo el país, incluidos participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El juez de la causa contra Lula da Silva, Sergio Moro es uno de los magistrados que participó activamente en el curso y según Calloni ahora es usado por EE.UU. para avanzar en esta práctica en Brasil.

Para Stella Calloni la lucha contra la corrupción emprendida en la región, particularmente Argentina, Brasil y Ecuador es una  estrategia política que busca impedir que líderes de izquierda como Lula da Silva, Cristina Fernández o Rafael Correa  retornen al poder.

Gobiernos no electos: PPK renuncia en Perú y asume Vizcarra

El presidente de Perú, Martín Vizcarra asumió el gobierno el 23 de marzo de 2018 tra la renuncia del mandatario electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) antes de someterse nuevamente a un pedido de vacancia por su presunta vinculación en casos de corrupción.

Tras la dimisión y de acuerdo a la Constitución, el primer vicepresidente debía asumir el cargo, convirtiendo a Martín Vizcarra en el nuevo jefe de Estado.

Gobierno de facto de Michel Temer

La llegada al poder en Brasil de Michel Temer en agosto de 2016 se dio tras consumarse el golpe parlamentario a la exmandataria Dilma Rousseff, quien resultó electa por más de 50 millones de votos.

Dilma Rousseff fue destituida de su cargo el 31 de agosto de 2016, con 61 votos a favor y 20 en contra en el Senado.

El juicio político en contra de Rousseff estaba fundamentado en presuntas irregularidades fiscales utilizadas para maquillar las cuentas públicas. Sin embargo, quienes votaron a favor de su destitución nunca discutieron el supuesto crimen de la mandataria y dedicaron sus discursos a condenar la corrupción.

Una lista publicada en 2017 por el Supremo Tribunal Federal (STF) señala que de los 61 senadores que votaron a favor de destituir a Rousseff, 27 han sido señalados por los tribunales por corrupción en el caso Odebrecht.

Procesos electorales irregulares

El 26 de noviembre de 2017 se realizaron elecciones generales en Honduras, un proceso marcado por irregularidades. Observadores internacionales y dirigentes de la oposición hondureña denunciaron manipulación y fraude en los comicios.

En los primeros conteos divulgados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 57 por ciento de las mesas escrutadas, Salvador Nasralla ganaba con una diferencia de cinco puntos. Tras caerse el sistema, el resultado se fue acortando hasta revertirse a favor de Juan Orlando Hernández.

Los hondureños intensificaron sus protestas para exigir el reconteo de los resultados o que se repitieran las elecciones.

A pesar de las protestas que se extendieron hasta enero de 2018, el pasado 27 de enero Juan Orlando Hernández asumió nuevamente la presidencia hondureña.

Golpes blandos

En 2009, Honduras fue objeto de un golpe blando que llevó al derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.

Roberto Micheletti se convirtió en presidente de facto. La destitución de Zelaya fue condenada por la comunidad internacional, que exigió su restitución.

Paraguay también fue objeto de un golpe parlamentario el 22 de junio de 2012, el presidente electo Fernando Lugo se vio obligado a dejar el cargo como mandatario de esa nación por un juicio político calificado de exprés e impulsado por la oposición.

Las élites políticas llevaron adelante un procedimiento viciado bajo los cargos de “mal desempeño en sus funciones” y lo acusaron de la masacre en Curuguaty, argumento que sirvió de base al actual gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político.

“Hubo un golpe de Estado parlamentario en el que los argumentos para un juicio político no tienen ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores”, denunció Lugo en 2012.

Lugo fue apartado del cargo a pedido de la Cámara de Diputados (instancia acusadora). Por mayoría (76 votos contra 1), la Cámara Baja aprobó el libelo acusatorio para someterlo a juicio político. Federico Franco, quien era el vicepresidente, fue el que asumió la presidencia de la República tras el golpe parlamentario.

Los golpes blandos en América Latina recibieron el apoyo de Estados Unidos, situación que se repetiría en Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En la actualidad la región vive un reacomodo de la derecha y sectores conservadores aliados a Washington.

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